Se reabre el caso

El equipo periodístico holandés ZEMBLA ubicó el paradero del coronel salvadoreño Mario Reyes Mena, señalado en el informe de la ONU de la Comisión de la Verdad de ser el cerebro detrás del plan para cercar y terminar con la vida de los cuatro periodistas y los guerrilleros guías. Dos años después de los asesinatos, el coronel Reyes Mena abandonó El Salvador. ZEMBLA descubrió que el militar ha estado viviendo en los Estados Unidos desde 1984, fue hasta su residencia donde lo enfrentó por los hechos ocurridos en Chalatenango.

Sobre el trámite a seguir para buscar que Reyes Mena sea procesado por la justicia Pedro Cruz, quien es el abogado querellante del caso y miembro de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), aclara que un procedimiento de extradición es bastante complejo y requiere de muchos pasos, que aún no se han dado en este caso. Para pedir una extradición, no basta con que ya esté ubicada la persona, o con que lo responsabilice la Comisión de la Verdad, sino que se requiere primero que la Fiscalía judicialice el caso, lo cual se hace presentando la acusación formal contra el coronel Reyes Mena, ante un tribunal salvadoreño, y para ello es necesario recoger los elementos que sustenten dicha acusación. Una vez presentada la acusación, se puede pedir formalmente la extradición, en el lugar donde resida actualmente la persona. Aunque sea dispendioso el proceso, el abogado asegura que es absolutamente viable solicitar la extradición del coronel Reyes Mena.

A pesar de todas las dificultades, el caso tiene muchas opciones de llegar a un resultado exitoso, asegura Pedro Cruz: “El caso tiene buenas posibilidades, porque en su momento fue de los más investigados, cuenta con bastante información e indicios para seguir la línea de investigación. Desde ese punto de vista, nosotros en ASDEHU seguimos siendo optimistas de que, si las cosas se desarrollan con base a la ley, respetando el debido proceso, se va a llegar a una resolución favorable”.

Peter Derrek Hof, embajador del Reino de los Países Bajos en Centroamérica, expone algunos argumentos para justificar la relevancia que tiene para su gobierno el caso IKON, a pesar del paso de los años. “Cuando pasó en el 82 no solo fue una tragedia enorme para los familiares, sino que provocó una emoción grande en la sociedad holandesa. Nunca ha pasado, en la historia del país, que hayan asesinado a cuatro periodistas. El documental de ZEMBLA, provocó de nuevo muchos sentimientos en mi país, lo cual demuestra que sigue siendo un caso emblemático, porque lo que pasó fue un asesinato cobarde”

La atención sobre el caso es aún tal que, especialmente después del documental de ZEMBLA, incluso el Parlamento solicitó al Gobierno de los Países Bajos una declaración al respecto. Fue así que, en una carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 5 de noviembre de 2018, se expuso que “La muerte de los cuatro periodistas de IKON el 17 de marzo de 1982 en El Salvador ha tenido un gran impacto en las vidas de los familiares y en la sociedad holandesa. Es de suma importancia que los culpables sean castigados. No solo porque se trata de cuatro ciudadanos holandeses que fueron tiroteados a muerte, sino también porque son periodistas, que tienen una tarea indispensable en un estado constitucional democrático”, asegura la misiva firmada por dos ministros, Stef Blok de Relaciones Exteriores y Ferd Grapperhaus de Justicia.

El escrito dirigido al Parlamento continúa señalando que, “el Servicio de la Fiscalía está llevando a cabo una investigación criminal con el objetivo final de descubrir las circunstancias exactas de los hechos y llevar a los sospechosos ante la justicia. Para no interrumpir este proceso, actualmente no se proporciona información sobre el estado de la investigación y los pasos que se toman. El Gabinete también ha insistido, desde 1982 y a varios niveles, en que haya resultados prontos de la investigación salvadoreña. Debido a la legislación de amnistía de 1993, esta investigación se suspendió en ese momento. Desde 2016, cuando se levantó la ley de amnistía, los Países Bajos han renovado sus esfuerzos para reabrir el caso en El Salvador. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó a dos ONG que presentaron una denuncia en este caso en El Salvador, en nombre de un familiar. Esto llevó a la reapertura de la investigación en el Ministerio Público de El Salvador en junio de 2018”.

Concluye la carta que, para el Gobierno holandés, “es muy importante que los responsables de la muerte de los cuatro periodistas sean llevados ante la justicia. El Gabinete se esforzará, hasta donde sea posible, para alcanzar este resultado”.

La reapertura de la investigación en el Ministerio Público de El Salvador ha logrado introducir el caso IKON en la unidad que se creó en la Fiscalía para investigar crímenes de la guerra. En ese nivel inicial del proceso investigativo, se ha propuesto varias solicitudes; se pidieron indagaciones que, por el carácter del caso, no pueden ser de dominio público, por el momento.

En la foto: Frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador, el día de la presentación de la denuncia penal. Aparecen de izquierda a derecha: Bernabé Recinos, expreso político. Eunice Vásquez, Marta Lozano, Mariela Salazar, periodistas de VOCES. Amber Douma, oficial de Derechos Humanos de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Pedro Cruz, abogado ASDEHU. Peter Derrek Hof, embajador del Reino de los Países Bajos. Manuel Gil, acompañante de denuncias sociales. Oscar Pérez, director-presidente de la Fundación Comunicándonos. Jennifer Vásquez, periodista de VOCES. Roberto Lemus, abogado ASDEHU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos apoyó a la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y a la Fundación Comunicándonos para que presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la Republica de El Salvador, en nombre de un familiar (Gert Kuiper) que firmó el poder. Además, el proceso incluye el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La denuncia penal exige que se investigue y se esclarezca el caso hasta determinar responsabilidades penales. El documento presentado señala como autores intelectuales directamente al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4ª. Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango; y al coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda. El primero es mencionado directamente por la Comisión de la Verdad como la persona que planificó la emboscada. El segundo fue quien interrogó a los periodistas luego de descubrir en el bolsillo de un guerrillero muerto un papel con los datos de Koos Koster, el líder del equipo periodístico holandés. La institución que dirigía habría sido la responsable de dar seguimiento a los europeos hasta determinar el día y hora exacta que pasarían al pie de las colinas donde fueron recibidos con balas.

De igual forma, los denunciantes solicitan que se investigue también al general José Guillermo García, exministro de Defensa Nacional de la Fuerza Armada; y al general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, por haber sido parte de la estructura organizada del poder involucrado en el asesinato. Además, la denuncia incluye a los miembros de la patrulla del Batallón Atonal que participaron de aquella acción militar el 17 de marzo del 82 y que se convirtieron en autores materiales del asesinato.

Registro en prensa de la presentación de la denuncia: visitar http://voces.org.sv/2018/03/13/presentase-en-la-fgr-caso-de-los-cuatro-periodistas-holandeses-asesinados/

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, tras resolver una demanda presentada en 2013 por un grupo de ciudadanos. Entre los argumentos para tal resolución figuraba que la Sala consideró que los Acuerdos de Paz de 1992 no hacían alusión a tal amnistía. Más bien, estos convenían combatir la impunidad y garantizar la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra. La sentencia también indica que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por lo que no se puede dejar sin juzgamiento y sanción penal a los responsables.

Fue esa declaratoria de inconstitucionalidad la que abrió las puertas para pensar en justicia para muchos de los casos señalados por la Comisión de la Verdad y para otros no necesariamente ahí incluidos.

Consultar la sentencia de la corte

Cinco días después de que se conociera el informe de la Comisión de la Verdad realizado por las Naciones Unidas el legislativo aprobó la creación de la ley de amnistía. Se trataba de una amnistía amplia y total, que blindaba de cualquier acción judicial a los responsables de los crímenes ocurridos durante la guerra salvadoreña. La decisión propició la impunidad absoluta para todos los crímenes de guerra ocurrido en El Salvador.

Ver Decreto 486 del 20 de marzo de 1993, publicado el 22 de marzo

Para el caso de los periodistas holandeses asesinados, el informe de la Comisión de la Verdad ocupa siete páginas. En ellas, narra el contexto político y social de aquel 1982, el viaje de los comunicadores hacia el punto del encuentro, la emboscada y los hechos posteriores. Para ello se valió de fuentes consultadas directamente por los designados de las Naciones Unidas, los informes del Gobierno holandés y otros documentos que lograron recabar. El párrafo principal es el siguiente que da cuenta de la acción deliberada, por parte de los militares, para ejecutar la masacre:

“La Comisión de la Verdad considera que existe plena evidencia de que la muerte de los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag, y Johannes Joop Willemsen, ocurrida el 17 de marzo de 1982, fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario A. Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales, en el cuartel de El Paraíso, sobre la base de información de inteligencia que les alertó de su presencia, y fue ejecutada por una patrulla de soldados perteneciente al BIRI Atonal, al mando del sargento Mario Canizales Espinoza” (Comisión de la Verdad, 1993, p. 75).

El gobierno del Reino de los Países Bajos encargó a Jan Willem Bertens, quien para la época de los hechos era portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, la realización de unos informes investigativos sobre los hechos que condujeron al asesinato de los cuatro periodistas de IKON.

La conclusión a la que se llegó, en el primer informe de abril de 1982, es que los cuatro periodistas holandeses fueron asesinados por soldados del ejército salvadoreño, pero las pruebas halladas, en ese momento, no permitían afirmar que las muertes fueron planeadas.

El informe de mayo de 1982 fue de carácter complementario al primero, y contiene los testimonios de las partes, allí aparece la versión de Martin, miembro del FMNL y único sobreviviente de la emboscada.

Martin falleció unos años después de lo ocurrido en Chalatenango. El único testimonio en cámara que se conoce de Martin aparece en un video de la universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador, ese trabajo audiovisual también registra imágenes de Koos Koster entrevistando a Monseñor Oscar Romero.

Los cadáveres de los cuatro valientes periodistas llegaron al aeropuerto Schiphol el 27 de marzo, horas después de su arribo se celebró un servicio religioso. Las honras fúnebres fueron transmitidas en directo por radio y tuvieron también un amplio despliegue en los noticieros de televisión. Por lo menos durante la semana siguiente a los funerales, la emisora pública transmitió, en las tardes, algunas de las grabaciones realizadas por los periodistas en El Salvador.

Veinticuatro horas después de que la noticia se supiera en las nórdicas tierras del Reino de los Países Bajos, el inmenso dolor de los allegados era apenas comprensible, pero también un sentimiento de indignación comenzó a embargar a la sociedad holandesa. El 19 de marzo, una gran manifestación se concentró en Ámsterdam, frente al consulado de los Estados Unidos; allí no solamente se sentó la protesta por lo ocurrido con los cuatro periodistas, sino que se alzaron las voces en contra del intervencionismo estadounidense en El Salvador. Fue en ese evento que también se llevaron ofrendas florales que quedaron depositadas frente a unas cruces blancas, cada una llevaba el nombre de uno de los periodistas asesinados y una quinta cruz llevaba inscrito “40000 Salvadorianen”.

El fin de semana del 20 y 21 de marzo de 1982 el ambiente de indignación que se vivía en el Reino de los Países Bajos por los cruentos asesinatos parecía no terminar. Los que vivieron esos momentos recuerdan que el domingo 21, en casi todas las iglesias, los oficios religiosos fueron ofrecidos por el alma de los cuatro periodistas. En varios lugares del país se llevaron a cabo movimientos de protesta que contenían varias motivaciones. En primer lugar, estaba el cuádruple asesinato; pero también iban en contra del régimen que se vivía en El Salvador; y señalaban su claro rechazo por el intervencionismo proveniente del Gobierno de Ronald Reagan, no solo en Centroamérica, sino en general en varios territorios del mundo, donde se intuía que el comunismo podría echar raíces.

Pasaron pocas horas después del asesinato de los cuatro periodistas holandeses para que sus amigos y colegas le contaran al mundo lo que había pasado ese miércoles 17 de marzo de 1982, en el departamento de Chalatenango. Jesús Ceberio, del diario El País, de España, tituló “Cuatro periodistas holandeses muertos en El Salvador”; Warren Hoge, de The New York Times, de los Estados Unidos, lo divulgó en letras mayúsculas así: “4 DUTCH NEWSMEN SLAIN ON A TRIP TO FILM GUERRILLAS IN EL SALVADOR" [4 PERIODISTAS HOLANDESES ASESINADOS EN UN VIAJE PARA FILMAR LAS GUERRILLAS EN EL SALVADOR]. La agencia UPI (United Press International) optó por un titular con puntos suspensivos: “The killing of four Dutch journalists in El Salvador... [El asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador...].

Los titulares de la prensa holandesa, en tanto, fueron más analíticos, la mayoría con frases que se prestaban a suspicacias, como lo hizo el periódico De Volkskrant, que decía “officiële lezing over dood betwijfeld. Internationale pers spreekt van moord op journalisten” [conferencia oficial sobre dudosa muerte. La prensa internacional habla de asesinato de periodistas].

El indicio fue aquel papel que estaba oculto dentro de la ropa de un guerrillero muerto y tenía escrito un apellido: Koster. A los miembros de la Sexta Brigada de Infantería que hurgaron las posesiones del cadáver de aquel combatiente del FMLN –asesinado según acta militar en un enfrentamiento en el oriental departamento de Usulután– les llamó la atención el nombre y lo que, sin ninguna coma ni punto, se leía después en la nota: “en Hotel Alameda habitación 418 tel 239999 holandés".

La información llegó al corazón de la Policía de Hacienda, un cuerpo militar vigente hasta la firma de los Acuerdos de Paz, que era conocido por realizar interrogatorios contra sospechosos de ser subversivos y de efectuarlos con la delicadeza de unas botas de soldado pisoteando un valle de flores. Pronto el caso obligó a la institución a encender las luces altas. Sería incluso su mismísimo director general, el coronel Francisco Antonio Morán, el encargado de liderar las pesquisas. Este, una vez sabedor de que Koster, además de un apellido extranjero, era también el de un periodista, llevaría adelante las investigaciones con un bisturí y comunicaría con suma mesura los resultados a los medios, cuidadoso de no dinamitar la opinión pública internacional con una posible violación a la libertad de prensa. El esfuerzo fue inútil. Las flores –cuatro tulipanes para este caso, el ícono holandés ante el mundo–, así como la imagen de El Salvador, terminarían de todas formas maltratadas apenas seis días después.

Como parte de su trabajo periodístico, Koos Koster buscaba a menudo hacerse de contactos para acercarse a la intimidad de la sociedad salvadoreña y contar mejores historias. Eso que hacen los corresponsales acá, en Siria o en Sierra Leona. Una fecha no precisada durante su estadía en el país había conocido a un miembro del FMLN, a quien vio como fuente y un posible enlace. Aquel día, antes de despedirse de él, tomó un papelito, sacó un lapicero y le apuntó su nombre, su lugar de hospedaje y su teléfono. Luego lo dobló y se lo entregó. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, documento generado bajo el auspicio de las Naciones Unidas tras los Acuerdos de Paz y cuyo fin era investigar violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, aquel combatiente habría sido luego seguido por militares. Al huir, habría dejado caer accidentalmente la nota. Ese mismo documento oficial, sin embargo, recoge después la versión escrita en el acta de interrogatorio al holandés, en la cual consta que los efectivos de la Sexta Brigada de Infantería –llamada en el documento policial erróneamente Destacamento Militar de Usulután, corrige la Comisión– habrían dado muerte a un guerrillero de nombre Jorge Luis Méndez. Fue a él a quien luego le encontraron la hoja de papel con los datos del europeo en uno de sus bolsillos.

Información en mano, el coronel Morán mandó a Koster una “atenta invitación” –así la calificó el militar– para acercarse al cuartel y aclarar la situación. Miembros armados de la Policía de Hacienda se encargaron de hacer cumplir el llamado. El 11 de marzo de 1982, con el sol aún estrenándose sobre San Salvador, unos quince efectivos de ese cuerpo de seguridad vestidos de civil pusieron por sorpresa sus pesadas suelas en el lobby del Hotel Alameda, preguntaron con voz de mando por Koster y lo llevaron hasta el cuartel central de la Policía, donde los esperaba el coronel. Sus compatriotas periodistas, solidarios, decidieron acompañarlo.

Una vez ahí, Morán repitió el hallazgo ante los europeos: el guerrillero muerto, la ropa, el bolsillo, la nota, el teléfono, el hotel, el apellido. ¿Cuál es su relación con los grupos armados del país?, ¿cómo obtuvo Méndez sus datos?, le increpó el militar al comunicador de nombre extranjero. Koster respondió cada inquietud. Por un lado, negó cualquier nexo con el FMLN. Por el otro, declaró no conocer “a ningún terrorista en el país” y que lo más probable era que la información referente a su persona había sido proporcionada por algún otro periodista “al mencionado subversivo”. Según el acta del interrogatorio, el militar fue muy enérgico en dejar establecido que el cuestionamiento no tenía como fin interrumpir el trabajo periodístico de nadie; sin embargo, como lo narró el medio holandés Vrij Nederland en una reconstrucción del hecho, Morán habría advertido a los periodistas que estaba “en contra de los informadores que simpatizan con la subversión". El documento, en cambio, fue muy diplomático. El coronel se cuidó incluso de dejar por escrito que en ningún momento los cuatro comunicadores extranjeros habían sido “coaccionados ni maltratados física ni moralmente”. Conformes con el acta, interrogador e interrogado firmaron el documento treinta minutos después de las 9:00a.m.

Al salir sus colegas estaban prestos a registrar el momento, así fue que se logró la única foto en la que aparecen los cuatro, y que se volvió la imagen icónica de los asesinados periodistas.