12 años para no repetir

La masacre de los estudiantes de la UES

Antesala de los años de represión

Entre 1970 y 1992, la Universidad de El Salvador UES fue objeto de una política sistemática a partir de la cual los sucesivos gobiernos autoritarios vulneraron el derecho a la educación de la población salvadoreña a través de cierres, saqueos y ocupaciones militares del campus universitario. Los hechos de represión eran evidentes, estaban precedidos por el permanente cerco militar alrededor del centro educativo, a lo cual había que sumarle las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos a miembros de la comunidad universitaria. Todo el circulo anteriormente descrito se cerraba con el estrangulamiento financiero permanente.

El ataque militar a la manifestación pacífica de estudiantes el 30 de julio de 1975, marcó el inicio de la represión en la ciudad, y con ello el surgimiento de los comités de madres y familiares de los desaparecidos. No se tiene una cifra exacta de las víctimas, pero se ha documentado que, de los 15 casos de asesinados, al menos 9 eran mujeres. Entre los 9 casos de desaparición forzada, 4 mujeres.

43 años después de los fatales acontecimientos, ninguna víctima de la masacre del 30 de julio de 1975 ha obtenido justicia, ni verdad, y mucho menos reparación. En julio del año 2018 la Universidad de El Salvador otorgó el título universitario a Roberto Antonio Miranda López, estudiante asesinado el 30 de julio de 1975.

Desaparición de las hermanitas Serrano Cruz

14 años después de la sentencia

Con la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el año 2005, sobre el caso de las hermanitas Serrano Cruz, el Estado salvadoreño se hacía merecedor del cumplimiento de una serie de obligaciones, que suponían reparar el daño causado tanto a la familia de las hermanas Erlinda y Ernestina de 3 y 7 años respectivamente, así como en general a la sociedad. Desde el punto de vista institucional, se ponía a prueba también la capacidad del Estado de articularse para hacer cumplir las medidas de reparación más complejas.

La sentencia impuso a El Salvador medidas de tipo simbólicas, así como la de no repetición. En cuanto a las primeras disposiciones, a la fecha, la mayoría fueron cumplidas, aunque algunas siguieron un camino tortuoso para hacerlas efectivas, y otras fueron realizadas de forma parcial. Las segundas medidas, tocan temas de investigación, creación de herramientas de búsqueda y un sistema de información genética que facilite la identificación de personas en casos de niñez desaparecida.

La Comisión Nacional de Búsqueda, aunque con un bajo presupuesto, ha realizado un trabajo sostenido en los últimos años, permitiendo que varias familias logren reencontrarse. En cuanto al sistema de información genética, a pesar de varios esfuerzos y la implicación de varias instancias de la justicia, más de una década después, no se tiene signos claros de materialización a corto plazo, impidiendo la utilización de esta herramienta científica en la búsqueda de las niñas y niños desaparecidos. El paso del tiempo juega en contra en el caso de esta medida, pues muchos de los padres y madres que están buscando a sus hijos e hijas han fallecido sin poder aportar muestras de ADN, debido a que no se cuenta con un banco estatal para resguardar dichas muestras.

En el caso de la investigación de los hechos que dieron origen a la desaparición de las hermanitas Serrano Cruz, y las sanciones a los presuntos responsables de dichos actos, aún no se cuenta con avances significativos, casi 37 años después de la desaparición de las niñas, a pesar de que la Fiscalía ha formado un grupo especial de investigación de violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado, y que ha incorporado a dicha labor una política de persecución penal para ese tipo de delitos. La investigación del caso se ha encontrado con las diferentes caras que la impunidad ha presentado en la posguerra, haciendo imposible, a la fecha, conocer la verdad de las circunstancias de la desaparición de ambas hermanas.

No se ha reflejado voluntad de los operadores de justicia, como el Ministerio Público, de dirigir una investigación sistemática, ordenada y con la finalidad de lograr una verdad jurídica enmarcada en el contexto de los hechos, como lo determinan los estándares que la jurisprudencia internacional ha establecido para casos de este tipo. El plazo razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, como parámetro para cumplir con esta medida de investigación, ha sido notablemente ignorado. La CIDH aclaró que, aunque los resultados de las investigaciones no puedan resultar en aportes de un alto grado de certeza, deben efectuarse con la debida diligencia necesaria para asegurar el agotamiento de las líneas posibles de búsqueda y reconstrucción de los hechos.

El tiempo transcurrido, hace más dificultoso recurrir a información documental o testimonial, debido a que cada día que pasa se va mermando la posibilidad de encontrar dichas fuentes, o se corre el riesgo de que estas sean destruidas. Por ello, la investigación de estos casos es una carrera contra reloj, pero que debe hacerse con pasos seguros para poder dotarla de efectividad. Adicionalmente, los avances de la investigación, o su conclusión, pueden aportar en el proceso de cierre de la afectación a los familiares de las víctimas, que viven en un continuo estado de duelo e incertidumbre.

El Estado también ha omitido ejercer sus facultades para levantar impedimentos que impiden acceder a información que está dentro del seno de sus instituciones. Los datos que puede estar guardados dentro de los historiales de la Fuerza Armada, ayudarían a dar luces no solo en el caso de las hermanas Serrano. Sin embargo, esta información no ha podido ser consultada con amplitud, a pesar de varias resoluciones administrativas, constitucionales e internacionales, el ejecutivo no ha querido hacer cumplir su papel de rector de dicho órgano para abrir los archivos del conflicto armado.

En conclusión, el Estado salvadoreño no ha podido satisfacer los vacíos más complejos que ya fueron señalados en la sentencia de 2005 de la CIDH, en cuanto a la investigación de los hechos. No ha dado muestras de querer dar un salto en la institucionalidad que la sentencia le imponía como reto, a la vez que continúa contribuyendo con la impunidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiso romper, y que las víctimas aún esperan ver rota.

Atentado a Fenastras

La cruenta persecución al movimiento sindical

El 31 de octubre de 1989, sujetos desconocidos pusieron un artefacto explosivo de alto poder en las instalaciones de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), la federación industrial más grande de El Salvador.

Aproximadamente a las 12:30 del mediodía, algunos testigos observaron a dos hombres colocar un saco de yute, que emanaba olor a pólvora, en medio de los dos portones que separaban la sede de FENASTRAS de la Décima Avenida Norte de San Salvador. Pocos minutos después, los testigos vieron cómo uno de los hombres se agachó y segundos después ocurrió una gran explosión que tuvo como resultado el 9 personas fallecidas y 40 heridas, entre ellas, dirigentes sindicales, sindicalistas y algunos civiles que se encontraban almorzando en el Comedor Popular de FENASTRAS. En el interior del lugar se encontraba Febe Elizabeth Velásquez, Secretaria General de la Federación, quien era, para la fecha, el rostro público de FENASTRAS y había permanecido en la mira de las autoridades por la continua y férrea lucha a favor del movimiento sindical.

Quien planificó el hecho tenía pleno conocimiento sobre el poder letal del artefacto explosivo, así como del amplio alcance que tendría, debido a su estratégica ubicación. La onda explosiva destruyó parte del edificio y ocasionó una escena devastadora con cuerpos mutilados, gente inconsciente y heridos de gravedad que fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de la ciudad capital. Inmediatamente después del atentado, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador y la Policía Nacional iniciaron sus respectivas investigaciones.

De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, existen muchas dudas respecto de la seriedad e imparcialidad de las investigaciones realizadas. Los resultados de estas indagaciones atribuían la responsabilidad del atentado a miembros de FENASTRAS, argumentando que el hecho fue parte de un plan conspirativo para desprestigiar al gobierno de turno, haciéndole creer a la comunidad nacional e internacional que el atentado era una respuesta del gobierno al ataque lanzado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un día antes, en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. A su vez, la Policía Nacional descartó la posibilidad de que el artefacto explosivo hubiese sido colocado por una persona desconocida a la Federación, considerando que el interior del edificio era controlado por personal propio.

El atentado contra FENASTRAS fue el último de una serie de amenazas, ataques y persecuciones contra sus miembros. Meses previos al atentado, miembros de la Federación fueron capturados y desaparecidos. El 5 de septiembre de 1989, el edificio de FENASTRAS fue atacado con un fuerte bombazo, a lo cual la Federación respondió con varias manifestaciones en San Salvador; en ese contexto varios de sus miembros fueron detenidos y otros encarcelados. Semanas antes del atentado, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) publicó un anuncio televisivo que mostraba el rostro de Febe Elizabeth Velásquez con una raya roja sobre su rostro y con el título de “subversiva”. Asimismo, una noche antes del atentado, el coronel Emilio Ponce, director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, en ese entonces, se pronunció ante el ataque cometido por el FMLN y anunció una acción inmediata como respuesta a este. De igual forma, el 30 de octubre de 1989, un miembro de la Federación recibió una llamada de amenaza en la que se le advertía que podrían ponerles una bomba, que ya los conocían y que los iban a asesinar. Con base a estos hechos, existe una fuerte sospecha sobre los cuerpos de seguridad estatales de esa época, particularmente sobre la Policía Nacional, cuya sede se encontraba a dos cuadras de la sede de la Federación. Todos estos hechos, sustentan la afirmación de que el atentado contra FENASTRAS formó parte de un práctica sistemática y reiterada de atentados contra la vida, integridad física y libertad de sus miembros.

Actualmente, en un contexto sin una amnistía que perpetúe la impunidad, las víctimas del atentado de FENASTRAS esperan que las instituciones trabajen diligentemente en el esclarecimiento de la verdad y en la aplicación de la justicia. De hecho, a inicios del año 2018, la Fiscalía General de la República reabrió las investigaciones con la toma de declaraciones de las víctimas, testigos y familiares. También ha ordenado peritajes psicológicos a fin de determinar la afectación emocional y del proyecto de vida de las víctimas.

Uno de los pasos más relevantes en este marco, de lucha contra la impunidad, ha sido la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo decretado el 20 de junio de 2011 en la causa penal. Consecuencia de ello trajo la reapertura del proceso en la fase de investigación en la que se encontraba. Además, el Juzgado Segundo de Instrucción ha ordenado a la Fiscalía una serie de diligencias para dar con los responsables de los hechos.

Desaparición familia Guzmán Orellana

Detenidos y desaparecidos por instituciones del Estado

Por: Gloria Guzmán.

En mayo de 1982, en San Salvador, elementos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada detuvieron y desaparecieron a mis padres Juan Antonio Guzmán y María Otilia Orellana y a mi hermano Fernando Enrique Guzmán. En ese momento las personas responsables de esas fuerzas de seguridad del Estado eran: General José Guillermo López García, exministro de la Defensa Nacional; General Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General; Coronel Carlos Reynaldo López Nuila, exdirector de la Policía Nacional.

Aunque sucedió hace más de tres décadas, la desaparición forzada de mi familia sigue siendo tal, como lo es el trauma que acompaña mi vida. Los perpetradores de este crimen de lesa humanidad quisieron no solo quitarles la vida, sino el derecho de existencia en la historia, y enviar el mensaje a toda la sociedad de lo que podía pasar ante cualquier oposición al gobierno.

En agosto de 2017, tras la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, puse una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los tres exfuncionarios señalados. Los familiares de personas desaparecidas seguimos exigiendo verdad y esperando justicia.

Masacre de El Mozote

La masacre más grande y atroz a la población civil en Latinoamérica

En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl del Ejército Salvadoreño asesinó sistemáticamente a unas mil personas en el pueblo de El Mozote. El hecho es considerado como la mayor masacre de civiles realizada por parte de las fuerzas gubernamentales en América Latina.

Después de la guerra civil se aprobó una Ley de Amnistía que impedía el enjuiciamiento de crímenes de guerra, facilitando el establecimiento de la impunidad. En julio de 2016 cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la Ley de Amnistía se hizo posible continuar el litigio del caso.

A 27 años de finalizado el conflicto armado, la población sobreviviente de El Mozote, sus víctimas y la sociedad continúan a la espera de que el Estado salvadoreño dé una respuesta a sus peticiones de justicia, verdad y reparación. Estas incansables solicitudes han sido a la vez un mensaje que espera tener eco en todo el mundo, pues enfatiza la gravedad de las violaciones contra los Derechos Humanos y la necesidad de hacer visibles los casos, para que se obtenga justicia sin importar el paso del tiempo luego de los actos de barbarie contra la población civil.

Masacre de El Calabozo

Hechos imborrables para los sobrevivientes

En agosto de 1982, la Fuerza Armada de El Salvador desarrolló la operación “Teniente coronel. Mario Azenón Palma” en la zona de San Esteban Catarina y sitios aledaños. El operativo militar dejo como saldo más de 200 personas civiles asesinadas, entre ellas niños, niñas y personas adultas mayores.

En esta operación participaron tropas del Batallón Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y Belloso, entre otras unidades castrenses. Algunas personas sobrevivientes pudieron denunciar la masacre después de la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el proceso se vio obstruido en 1993 por la Ley de Amnistía, que imposibilitó cualquier labor de investigación y juzgamiento.

Fue solo hasta 2016, cuando se derogó la Ley de Amnistía, que se desarchivó el caso para continuar con la investigación. Para los sobrevivientes, la experiencia de perder a sus familiares y ver su comunidad destruida ha sido muy dolorosa e inolvidable. Por ello, esta población víctima espera poder conocer la verdad de lo ocurrido y que los responsables asuman las consecuencias de estos crímenes.

Asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero

Justicia para San Romero de América

El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado cuando celebraba una eucaristía en la capilla del hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte, San Salvador. Según el Informe de la Comisión de la Verdad acerca de las investigaciones que se realizaron con respecto al caso, defiende la postura que el exmayor Roberto D’Aubuisson fue quien dio la orden de asesinar al arzobispo. Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila hacen parte del grupo de militares que participaron activamente en el asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.

Monseñor Romero fue y sigue siendo considerado la “voz de los sin voz”, defensor de los pobres y los derechos humanos, promotor de la paz como fruto de la justicia; denunció por eso la injusticia y violencia social y estructural. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado tres puntos principales en lo que respecta a este crimen: realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita a fin de identificar juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales; reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una indemnización y, en último lugar, adecuar su legislación interna a la Convenció Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.

A pesar de que durante la audiencia del año 2005 el Estado rechazó el primero y tercer punto de la CIDH, el 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional declaró sin efecto la Ley de Amnistía, con lo cual se impide amnistiar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos, por las partes involucradas, en el conflicto armado salvadoreño.

El 23 de marzo de 2017, varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre ellas Tutela Legal María Julia Hernández y la Concertación Monseñor Romero solicitaron al juez IV de instrucción de San Salvador abrir el proceso penal contra los asesinos del arzobispo. El 12 de mayo de 2017, el juez IV de Instrucción declaró abierto el proceso penal contra los autores intelectuales y materiales, así como contra sus cómplices. El 10 de octubre de 2018, las estas mismas organizaciones solicitaron mayor rapidez en el proceso penal.

Conforme a la última petición de las organizaciones que llevan la continuidad del caso del primer santo y mártir salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero, el 22 de octubre de 2018, el juez IV de Instrucción resolvió que: a) La Fiscalía General de la República investigue a otros posibles autores o partícipes del asesinato; b) Continúe la causa contra el imputado Álvaro Saravia y decreta su detención provisional; c) Libra de oficio para que la Policía Nacional Civil e INTERPOL busquen, ubiquen y capturen al imputado; d) Requiere de la Procuraduría General de la República designar al imputado un defensor público.