Relatoría para la Libertad de Expresión preocupada por situación de radios comunitarias
Signis ALC
La falta de un marco legal que reconozca la existencia de las radios comunitarias en Guatemala mereció la preocupación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe anual, la Relatoría reiteró que el Estado de Guatemala «debe promover, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica».
Según un reporte de CERIGUA, al menos tres medios comunitarios habrían sido cerrados y los equipos de transmisión valorados en miles de dólares decomisados.
Entre estos casos resalta el de Radio San José, ubicada en San Marcos, la cual fue allanada el 27 de febrero del pasado año y en la que fue detenido Andony Godínez Pérez.
Luego de esta acción, se informó que la comunidad retuvo a dos policías; posteriormente las autoridades liberaron al locutor y prometieron no realizar nuevos allanamientos; la Relatoría solicitó información sobre este caso, pero al cierre del informe no recibió respuesta por parte del Estado.
El informe de la Relatoría resaltó también los distintos episodios de hostigamiento contra y periodistas y medios de comunicación a través de distintas vías, entre estas las denuncias penales de los que fueron protagonistas altas autoridades, entre éstos el Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti.
Asimismo, se registraron numerosas agresiones en contra de miembros de la prensa, en gran medida, por parte de agentes estatales e integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.
En el caso judicial en contra de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, recordó que las demandas se originaron por publicaciones hechas por el medio por supuestos actos de corrupción dentro del gobierno y de parte de algunos funcionarios.
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