Policías, militares y Estado, encabezan lista de agresores a libertad de expresión
Según informe divulgado este día, en Honduras el año pasado se asesinó a once periodistas, comunicadores sociales y allegados al ejercicio de la libertad de expresión, además hubo 191 agresiones contra este derecho, siendo los mayores violadores, elementos de la Policía, Fuerzas Armadas y el Gobierno.
Tegucigalpa
El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), dirigido por Héctor Becerra, presentó hoy el Informe Libertad de Expresión (ILE) 2013 denominado: Despacho Urgente ¡Hagan Justicia! Ni perseguidos Ni vigilados, el onceavo informe desde el año 2003.
La periodista e investigadora Diana Canales, declaró que el análisis revela 173 víctimas que representa 191 agresiones contra este derecho y 11 asesinatos en 2013, tres de éstos que acabaron con la vida del periodista, Aníbal Barrow, de San Pedro Sula, en junio; el camarógrafo Manuel de Jesús Murillo, de Tegucigalpa, en octubre; y Juan Carlos Argeñal, comunicador social de Danlí, en diciembre. (Todos en su momento laboraron, o tenían su espacio en el canal de televisión Globo Tv, e integrantes del partido Libertad y Refundación, LIBRE, opositor al régimen Lobo-Hernández).
También fue asesinada Silvia Ramona Aguirián y Teresa Elizabeth Aguirián, ambas Políticas del partido LIBRE; Tomas García, Defensor humanista –lenca; Mireya Efigenia Mendoza Peña, Jueza de Sentencia; María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, Defensores y Ricardo Soto Fúnez, Defensores humanistas-tolupanes; y Terencio Paz Gestor comunitario y radial, también miembro del partido LIBRE.
Abogados, fiscales, personas defensoras de derechos humanos como ser periodistas, indígenas, negros y campesinos, son víctimas principales, determina el informe.
De las 191 agresiones, 93 se relacionan a gente de medios, los demás se dispersa en numeroso sectores sociales y categorías sin género.
“Los abusos recaen en grupos de periodistas y comunicadores (10); periodista director de programa (9); periodista defensor de libertad de expresión (7); periodista propietario (5); periodista defensor de derechos humanos (4); periodista presentador (3), periodista director propietario de programa (2); periodista director de medio (1); periodista jefe de prensa (1)”, relata el informe.
En su orden, siguen en cantidad de actos de agresión, además de periodistas y medios, las acometidas contra: defensor DDHH (10); activista en política (7); comunicador social (8); camarógrafo (7); defensor Lenca (6); Fiscal especial Derechos Humanos (4); defensor Tolupán (4); candidato político (4); director educativo (4).
El informe cita que “del total de 353 veces, 79 actores del Estado y otros ejecutaron actos agresores a la libre expresión e información”.
Se pueden identificar 176, la mitad, de esos actos que aparecen cometidos por 44 agresores no estatales (Otros/Particulares).
Y, 177, la mitad, por 35 actores estatales. Siendo la Policía y sus agentes (29) la de mayor incidencia entre esos últimos. Sigue, Fuerzas Armadas (24); el gobierno (18); Estado/poderes estatales (10); el Comandante de la Fuerza Xatruch (9) y el Ministerio Público (7).
En el capítulo V, el informe manifiesta que el Estado de casos, es la Impunidad, la cual es el mayor obstáculo para la libertad de expresión y de prensa en Honduras.
El país enfrenta “niveles inaceptables e inhumanos de violencia contra la prensa (…) Y una de las causas principales de esta situación es la falta de investigación seria por parte de las autoridades”, según palabra de Frank William La Rue, Relator Especial de ONU sobre el Derecho a la Libre Opinión y Expresión, 2013.
Ni la Policía, ni la Fiscalía investigan de espontáneo las denuncias y parecen ignorar su papel.
De 38 comunicadores asesinados hasta 2013, la impunidad continúa invariable en un 95%. Puede decirse aún, retrocedida, estimándose que en 2013 hubo tres asesinatos más, y es de casi 100% en todos los demás casos de embates a la libertad de expresión.
Entre las recomendaciones, el informe manifiesta que se debe persistir en esclarecerse a plenitud, de manera exhaustiva e imparcial, los numerosos ataques contra la libre expresión y de información en todos los casos de personas agredidas.
Permanecer insistente en que deben detenerse, de inmediato, las agresiones; y las ocurridas antes, deben ser investigadas y sancionadas.
Y que por el Derecho a saber, el espionaje en y sobre Honduras es inaceptable y debe ser explicado por el Estado. “Esa es pues, una variable científica y no una posición política. No existe una forma de ocultar que el estado de los derechos humanos, en Honduras, está poderosamente mediada por las acciones relacionadas a la política de seguridad internacional de los EE.UU”.
Y que los procesos educativos sobre la libre expresión e información deben ser permanentemente retomados, revisados, innovados o recreados.
A lo que va del año 2014, “llevamos aproximadamente unas 28 agresiones a la libertad de prensa en el país”, aseguró Becerra.
Homenajes a defensores de la libertad de expresión
En la ceremonia, C-Libre dio un homenaje póstumo al periodista Francisco Rodríguez por su invaluable aporte profesional y su ética trayectoria, el pergamino se le entregó a su esposa Maritza Gracia, junto a sus hijas Keydy, Marilin y Sarahi, quienes se mostraron muy orgullosas por el legado de honestidad y honradez de un hombre que nunca ambicionó riquezas materiales, más que cumplir con su labor. Rodríguez laboró por más de 25 años, en diario Tiempo, entre sus fuentes era el tema de DDHH, y falleció en febrero pasado.
Además, se entregó un reconocimiento por la labor en pro del acceso a la información por parte del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), que recibió su directora Migdonia Ayestas.
También fue objeto de homenaje, los y las comunicadoras sociales que forman parte de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande, por su aporte a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, quienes han enfrentado amenazas hostigamientos y persecuciones judiciales, por denunciar estos hechos cometidos por el terrateniente Miguel Facussé y otros empresarios, en la península de Zacate Grande, Valle.
A nombre de las diez comunidades que también son parte de la Asociación por la Defensa de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, que coordina Pedro Canales, los y las comunicadoras que recibieron el pergamino, reiteraron que la defensa por la libertad de expresión seguirá al frente, ahora con más potencia, después que el Estado legalizara sus operaciones como emisora comunitaria, ampliando su cobertura significativamente a zonas de los departamento de Valle, Francisco Morazán, Choluteca y El Paraíso.
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