Periodista colombiano fue asesinado a un mes que el Estado le retirara la protección
El periodista más amenazado de Colombia fue asesinado con tres tiros. Luis Carlos Cervantes había recibido por lo menos 20 amenazas de muerte, estando bajo protección del Estado colombiano por dos años. Un mes atrás, sin embargo, fueron retiradas las escoltas que garantizaban su seguridad, y el último 12 de agosto, fue baleado por un pistolero mientras buscaba a su hijo en la escuela.
Adital
Hacía cinco años que Cervantes era director de la emisora de radio Morena, en la ciudad de Tarazá, al norte de la región del Departamento de Antioquia. Él contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del país, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a los derechos de la población. La escolta fue retirada en julio de este año porque, según el organismo, su vida no estaba más en peligro.
El profesional había dejado la función de periodista de investigación para dedicarse a la locución de programas musicales debido a las frecuentes amenazas que recibía y que lo obligaron a abandonar su ciudad, Tarazá. El último 21 de julio, el periodista se habría deparado con una persona desconocida en la puerta de su casa, que le pidió que transmitiera un mensaje por la radio donde trabajaba.
Cervantes se habría negado a hacerlo y el hombre le habría dicho que abandone la ciudad porque «estaba cansado de verlo”. Pocos días antes de su asesinato, Cervantes había vuelto a la localidad.
«La situación hoy es más grave que nunca. (…) A mí me quieren matar unos funcionarios de la Alcaldía”, advirtió Cervantes, en entrevista con la prensa, cerca de un año después de recibir las primeras amenazas.
El peligro en torno de la vida del periodista comenzó el 30 de agosto de 2010, cinco días después de realizar un informe para un noticiero de televisión, en el que denunció irregularidades en el Poder Público Municipal, lo que denominó «carrusel de alcaldes”.
El caso denunciado por Cervantes se desarrollaba desde el 11 de noviembre de 2008, cuando el entonces mandatario de la ciudad, Miguel Ángel Gómez García, fue detenido, con prisión decretada por la Fiscalía 16 Especializada de Medellín. Él era investigado por delitos de connivencia para delinquir, apremio y amenaza de muerte.
En la cobertura periodística del caso, el profesional habría llamado la atención de los telespectadores sobre un tema aparentemente inofensivo: en dos años y ocho meses, Tarazá había tenido cinco alcaldes, siendo uno electo popularmente en las elecciones de octubre de 2007 y los otros cuatro que lo sucedieron fueron detenidos por las autoridades por sospechas de diversos delitos diversos. El abordaje instaló el período de amenazas en contra del periodista.
Investigación policial reforzada
Después de la muerte de Cervantes, un gran aparato de agentes policiales fue designado para la operación de búsqueda de los responsables del asesinato. El secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, en entrevista con la prensa, remarcó que la misión de la policía es ejecutar órdenes de búsqueda y aprehensión a fin de encontrar pistas de los autores del delito.
Para ello, la policía está ofreciendo una recompensa por la colaboración en el esclarecimiento del homicidio. Según Londoño, la orientación es no dejar que hechos como éstos queden impunes.
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