Medios privados ven como amenaza a comunitarios
Cualquier iniciativa que afecte directa o indirectamente los intereses de las grandes empresas mediáticas salvadoreñas es interpretada por la Asociación Interamericana de Radiodifusores (AIR), gremial continental de televisoras y radios privadas, como una amenaza para la libertad de expresión.
En el diagnóstico sobre El Salvador, la AIR identificó lo que llama “cuatro amenazas para la libre expresión”: el proyecto de radiodifusión comunitaria, la propuesta de ley de medios públicos, el proyecto de soberanía alimentaria y la propuesta de ley de cultura.
La primera amenaza, el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria, plantea que organizaciones sociales sin fines de lucro accedan a frecuencias radioeléctricas y creen sus propios medios, mientras que la propuesta de ley de medios públicos busca crear un sistema comunicativo que promueva el debate plural de los temas de país, la cultura nacional, la memoria histórica y la participación ciudadana.
El proyecto de ley de soberanía alimentaria incluye en su contenido regulaciones a la publicidad de alimentos poco nutritivos, para así reducir el consumo de la comida chatarra y promover la alimentación para una salud preventiva, y la cuarta «amenaza, un proyecto de ley de cultura, establece porcentajes de programación musical y de contenidos audiovisuales en los medios de comunicación como medida para promover las expresiones culturales nacionales.
Denuncia ante la CIDH
La Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación participará en la Audiencia 156, Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el viernes en Washington, donde expondrá la situación del país en términos de concentración mediática, libertad de expresión y derecho a la comunicación, como elemento fundamental en la construcción de la democracia.
La iniciativa fue adoptada ante la ausencia de marcos jurídicos y políticas públicas que promuevan y protejan eficazmente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, lo cual genera graves efectos como la concentración de los medios en cinco oligopolios comerciales; la abrumadora y agresiva presencia del sector comercial frente a los sectores público y comunitario; se mantiene la subasta como mecanismo para acceder a una frecuencia de radio y televisión y; una débil institucionalidad que regula la radiodifusión.
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