La necesaria democratización de las comunicaciones en El Salvador.
Hace cinco años el gobierno salvadoreño prometió el “cambio”, incluida la democratización de las comunicaciones y en estos años la promesa y su cumplimiento hacia un verdadero proceso inclusivo, transparente y democrático en tan sensible tema, quedaron en lo que hasta hoy se hizo y nos proponemos examinar en este análisis, de cara al nuevo gobierno del Fmln que tomará posesión el 1 de junio de 2014.
Redacción Voces
El 8 de mayo se cumplieron tres años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), lo cual es un trascendental acontecimiento en el camino de la democratización de las comunicaciones, dada la tradición de opacidad y poca transparencia que ha caracterizado al Estado salvadoreño, desde su surgimiento hace unos doscientos años. Desde esa época, todos los gobiernos que ha tenido el país se han esforzado para que la ocultación y el manejo arbitrario de la información pública sean asumidos como norma, dando lugar a la instalación de una arraigada cultura de corrupción y desinformación.
La LAIP, vigente y puesta en práctica, junto con los anteproyectos de las Leyes de Radiodifusión Comunitaria y Medios Públicos, la primera propuesta por organizaciones sociales y apoyada por el gobierno y la segunda, una propuesta de la administración de Mauricio Funes, son los principales logros que podemos sacar de estos cinco años de gobierno, además de un pequeño apoyo dado a las radios comunitarias agrupadas en ARPAS y el vespertino Colatino. Mientras que proyectos como Voces y Radio Cadena Mi Gente, no recibieron absolutamente nada de la pauta publicitaria gubernamental.
Los próximos cinco años serán cruciales en la lucha por el derecho a la comunicación en El Salvador, derecho que ha sido definido como la integración de varios derechos humanos que permite a toda persona producir, acceder, expresar y difundir por todos los medios que le sea posible, ideas, pensamientos, conocimientos y opiniones que le son propias o adoptadas en su interacción social y en efecto, en este nuevo período del Fmln que se avecina, se producirán al menos dos hechos cruciales que pueden impulsar o, por el contrario, obstaculizar las posibilidades de que las y los salvadoreños podamos construir más democracia a partir del debate y la difusión de las ideas.
Por una parte, El Salvador tiene previsto dar el salto hacia la digitalización de la televisión hacia el 2018 y, por otra, en 2017 se podría producir la renovación automática de las actuales concesiones de las frecuencias radioeléctricas por veinte años más. ¿Qué tan trascendentales son estos dos hechos para El Salvador? La digitalización de las señales televisivas –y algunos años después de las señales de radio— abre la posibilidad de que más personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar los nuevos espacios –es el llamado dividendo digital— para establecer nuevos medios de comunicación, con lo cual se combatiría la actual situación oligopólica de los medios de comunicación en El Salvador y es la gran oportunidad para que el nuevo gobierno del FMLN inicie con la democratización de las comunicaciones.
En otras palabras, ya no serían las mismas 5 grandes empresas quienes sean dueñas de la mayoría de las frecuencias radiales y televisivas. Por el contrario, si con la digitalización se mantienen las actuales concesiones y los mismos criterios para su asignación –la subasta con sentido exclusivamente económico—el dividendo digital beneficiará a los mismos de siempre, los oligopolios mediáticos comerciales.
En cuanto a la renovación automática de las actuales frecuencias radioeléctricas, si en 2017 se pudiese abrir todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión a concursos públicos, con sentido social y de servicio público, antes que mantener los actuales concesionarios, se podría lograr un sistema de medios de comunicación más plural y diverso, con más puntos de vista y con mayores posibilidades de democratizar las comunicaciones. De otra manera, la renovación automática mantendrá el actual estado de concentración de los medios de comunicación por veinte años más, elemento criticado por las relatorías de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el de la ONU.
En ese sentido, manifestamos nuestra marcada preocupación y vemos con aprensión lo que esta elección pueda significar para el pleno y progresivo ejercicio del derecho a la comunicación en el país, sobre todo en un momento en el que está en juego, entre otros acontecimientos, los siguientes:
La posible eliminación de la subasta como mecanismo único para la concesión de las frecuencias radioeléctricas, si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resuelve en favor de los demandantes el proceso de inconstitucionalidad que está conociendo desde hace mucho más de un año.
El vencimiento, en 2017, de los primeros 20 años de vigencia de las concesiones radioeléctricas conferidas arbitrariamente por la actual Ley de Telecomunicaciones, requiere un cambio inmediato y una reforma legal impulsada en los próximos meses, podría impedir la eternización en la explotación de las señales de radio y televisión, que los oligopolios mediáticos comerciales actualmente explotan al amparo de las normas vigentes y, presumiblemente, de la misma SIGET, si Astor Escalante, recientemente nombrado por el Presidente Mauricio Funes, continúa al frente de esta entidad.
Con el inicio del proceso de digitalización de las frecuencias de TV, previstas para 2018, organismos internacionales y organizaciones sociales salvadoreñas han valorado que este proceso de digitalización puede ser una oportunidad para otorgar frecuencias a otros sectores de la comunicación que han sido excluidos por el control que actualmente ejercen los medios privados y con fines de lucro.
Astor Escalante en la SIGET no aportará a la democratización de las comunicaciones, ya que su historia profesional y sus inclinaciones políticas lo colocan como una persona que responde a los intereses del ex presidente Antonio Saca y del oligopolio mediático Samix, uno de los mayores accionistas en corporaciones de radios comerciales, por lo cual debe ser removido de este cargo por el recién electo nuevo gobierno del partido Fmln.
Al respecto tenemos en cuenta la anunciada subasta de los canales de televisión abierta y de cobertura nacional 7, 13, 14, 16, 18 y 20, que la SIGET anunciara y la enconada oposición de organizaciones sociales, académicas y medios de comunicación comunitarios, ante este mecanismo antidemocrático y excluyente, lo cual trajo consigo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolviera en favor de los demandantes el proceso de inconstitucionalidad de este mecanismo.
No obstante, el solo anuncio de la subasta puso en duda si existen otros intereses del todavía Presidente Mauricio Funes, y ha sido un pésimo mensaje para la transparencia y para la democracia, del que un día siendo periodista y presentador de televisión, fue vilipendiado por los oligopolios mediáticos salvadoreños.
Con relación a esta subasta el Superintendente de Competencia del actual gobierno, Francisco Díaz Rodríguez, brindó declaraciones sobre el proceso de concesión que desarrolla la SIGET para otorgar las seis frecuencias antes mencionadas y dijo “la Ley de Telecomunicaciones (1997), además de estar ya atrasada debido al extraordinario avance tecnológico ocurrido en ese ramo en los últimos quince años, forma parte del paquete de leyes de privatización de los años 90, decretadas sin criterios de competencia, que favorecen o facilitan la concentración económica”.
El FMLN en su oferta electoral, incisos M-489 Democratizar las comunicaciones, el M-490 Favorecer el desarrollo de los medios públicos, privados y comunitarios y M-492 Transparentar la asignación publicitaria gubernamental, todos incluidos en la página 100 del Programa de Gobierno del Fmln “El Salvador Adelante”, expresa claramente que promoverá la conversión del espectro radioeléctrico de análogo a digital, con el propósito de ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, mejorar su mecanismo de concesión y estimular la creación de nuevos medios.
Elementos reafirmados por el Presidente electo, Salvador Sánchez Cerén en conferencia ofrecida el pasado 14 de mayo, cuando respondiendo a la pregunta realizada por el periodista Porfirio Mercado, del Canal 12 afirmó: “comparto que debe de democratizarse el espectro radioeléctrico, creo que es necesario abrir la competencia en el país para que la población tenga más oportunidades de más información y además también sabemos que en ese radioespectro tiene posibilidades tanto el sector público, el sector privado como el sector comunitario, entonces yo creo que debe de tomarse en cuenta también a los intereses, tanto de las grandes corporaciones, de las corporaciones pequeñas y también de las pequeñas empresas comunitarias porque tiene que ver con la democratización, en este sentido, pues, nosotros esperamos que ese proceso se haga en el marco de este proceso”.
Sostener y favorecer el desarrollo de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, hacer transparente la asignación publicitaria gubernamental como un servicio de información a la ciudadanía y distribuirla equitativamente en los distintos medios de comunicación, es tarea del gobierno recién electo y de las organizaciones sociales y en general de pueblo salvadoreño, hacer que se cumpla.
Anteproyecto Ley de Medios Comunitarios
Anteproyecto Ley de Medios Públicos
Relatoría Especial de la Comisión Interamericana sobre estándares de libertad de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente.
“Comunicación, información y poder en El Salvador”
“El Salvador Adelante”
http://www.salvadoryoscar.com/docs-audios/478601347_doc-audio.pdf
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