“La Ley de Telecomunicaciones es perversa…”
La Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación solicita a la Sala de lo Constitucional que declare la subasta de frecuencias televisivas y radiales inconstitucionales, en beneficio de la pluralidad de medios y de la democracia salvadoreña.
Transparencia exige la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación respecto a la adjudicación de frecuencias televisivas y radiales y que sean auditadas las concesionadas.
El movimiento solicita además que la Sala de lo Constitucional dé una resolución definitva a favor de declarar inconstitucional la subasta de frecuencias, ya que este mecanismo, que es el único contemplado en la Ley de Telecomunicaciones salvadoreña es antidemocrático enfatizaron, nuevamente.
“Se necesita trabajar más el tema de transparencia. No puede ser que sigamos en lógica de seguir proponiendo más frecuencias que han sido liberadas por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), para seguir un proceso de privilegiar solo el sector privado, cuando ni siquiera está claro qué sucede con frecuencias que actualmente son explotadas”, expuso Roberto Pérez, investigador y catedrático de Periodismo, miembro de la Junta.
Por su parte, Juan Carlos Sánchez, coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, investigador y consultor sobre el Derecho a la Comunicación, dijo que, no solo no están de acuerdo con la subasta de frecuencias, tampoco en el nombramiento de Astor Escalante como superintendente y sus acciones.
“La Ley de Telecomunicaciones es perversa, porque permite la concentración de frecuencias, porque toda esta concentración de los medios de comunicación en manos privadas, comerciales, no es al azar, es una construcción normativa que viene configurándose desde hace mucho tiempo, porque la Ley de Telecomunicaciones así lo permite, así fue creada”, explicó Sánchez.
Contra la democracia
Tal como le explica Sánchez, en el libro Comunicación, información y poder en El Salvador. Claves para la democratización, “En El Salvador, el derecho humano a la comunicación se enfrenta a un marco jurídico insuficiente que va en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta en muchos países. La causa fundamental de este letargo es el secuestro de la palabra, el sonido y la imagen que ha prevalecido inalterablemente a lo largo de la historia nacional y que ha permitido que pequeños grupos con un gran poder político, económico y militar hasta épocas muy recientes, exploten comercialmente todos o la mayoría de los medios y recursos que hacen posible la comunicación social…”.
También en la misma publicación Pérez explica de cómo las “industrias mediáticas se desarrollaban sobre la base del mercado aglutinando a las agencias de publicidad, medios de anunciantes, radio y televisión con el objetivo de cerrar el mercado con la menor competencia posible”.
Con esta base, que no solo viene por la reciente polémica de la subasta de las seis frecuencias, sino que por la lucha de muchos años atrás, para que la Ley de Telecomunicaciones sea modificada y se elimine la subasta como único mecanismo para dar espacio a otros sectores, los miembros de la Junta Ciudadana por el Derecho a la Comunicación demandan, no solo auditar cómo se ha concesionado el espectro radioeléctrico durante los últimos 25 años.
“Demandamos aplicar las leyes antimonopólicas en la concesión de las frecuencias de radio y televisión y desarrollar un proceso de digitalización de las comunicaciones transparente y acorde a los intereses de la Nación, finalizó el también miembro de la Junta, Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y representante de AMARC Centroamérica.
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