Escaso avance de la libertad de expresión en 2014
Signis ALC
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su Informe Anual respecto a la situación del continente en la materia en 2014, como parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros.
En el Informe destaca que en 2014 se ha registrado un escaso avance en el ejercicio de la libertad de expresión, mientras se ha advertido un aumento de la violencia contra periodistas y la expansión del uso del derecho penal para sancionar expresiones de interés público, así como una reacción desmedida contra manifestantes y una falta de transparencia y límites a los programas de vigilancia electrónica.
Para la Relatoría, subsiste la concentración de medios y exclusión del sector comunitario en la agenda de asuntos pendientes.
Entre los avances registrados, la Relatoría Especial destaca la promulgación de dos nuevas leyes de acceso a la información pública (Colombia y Paraguay), el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI) y la aprobación del Marco Civil de Internet en Brasil.
También la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay, con mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, y la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, que introdujo importantes cambios al marco jurídico sobre esta materia.
Además de la evaluación de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio (CapítuloII), el reporte de la Relatoría comprende un informe temático sobre los estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva (Capítulo III).
El informe incorpora también un estudio acerca de las características de los órganos de supervisión del acceso a la información pública en 10 países del hemisferio (CapítuloIV).
Como es habitual, el informe incluye una serie de recomendaciones hacia los Estados para superar los obstáculos que aún persisten en la región para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Violencia contra comunicadores
El 2014 fue un año trágico para el periodismo en las Américas con al menos 25 comunicadores asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. También se verificó el asesinato de dos familiares de periodistas, víctimas del ataque dirigido a estos. La situación de violencia fue excepcionalmente grave, con un incremento significativo de las muertes en comparación con las 18 víctimas documentadas en 2013.
Entre los asesinados en el año bajo estudio hubo siete periodistas y una asistente de diarios o semanarios, dos presentadores y reporteros de televisión, cinco camarógrafos, cinco periodistas de radio, una tuitera, un periodista de radio comunitaria, un comunicador y propietario de canal de televisión, un periodista y bloguero, y un periodista y director de un portal de Internet.
Con ocho casos que podrían estar asociados al ejercicio de la libertad de expresión, México fue el país con más asesinatos de trabajadores de medios y ciudadanos que hacen uso de las redes sociales.
Además, la Relatoría Especial registró la muerte de un niño en un ataque dirigido a su padre, presentador en una radio comunitaria.
En Brasil y Paraguay se registraron cuatro asesinatos en cada país vinculados al ejercicio del periodismo en regiones críticas del crimen organizado. En Honduras, tres periodistas fueron asesinados en los departamentos de Yoro y Comayagua.
En tanto, en Colombia y Perú se denunciaron dos muertes en cada uno, y la esposa de un periodista peruano murió al intentar defenderlo de un ataque en el propio medio de comunicación donde trabajaba.
En El Salvador y República Dominicana hubo una muerte en cada caso.
Además de estos graves hechos, la violencia contra las y los periodistas también se manifestó a través de más de 400 agresiones, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y ataques físicos contra periodistas y medios de comunicación en toda la región.
En la mayoría de los casos, los actos de violencia se produjeron luego de que los comunicadores reportaran hechos vinculados con el crimen organizado o con fenómenos de corrupción política o policial.
Los altos niveles de violencia contra periodistas pueden explicarse, al menos en parte, por la impunidad de que han gozado los responsables de estos ataques.
La falta de justicia se convierte en un estímulo para nuevos actos de violencia. En consecuencia, el efecto en términos del derecho a la libertad de expresión e información es devastador en zonas donde a la muerte del periodista se suma el efecto inhibidor sobre los restantes comunicadores, lo que promueve el silenciamiento de la información sobre lo que ocurre en esas regiones.
La Relatoría Especial recomienda a los Estados adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión; la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; la realización de investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social; el juzgamiento y la condena a todos los responsables de estos hechos, y la reparación adecuada a sus víctimas y familiares.
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