Conflicto de televisoras por canal 11 es por temor a nueva competencia

Publicado por Comunicándonos el 28 Ago, 2014 en Noticias, Slider | Comentar

La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) señaló que no es transparente lanzar una campaña donde se pida juego limpio, rechazar los amaños en la reasignación del canal 37 al 11 y no pedir investigar todas las demás concesiones de frecuencias de radio y televisión, en las que ha existido la misma irregularidad

José Mejía

Transparencia Activa

Las distintas organizaciones de la sociedad civil integrantes de la mencionada red, que actualmente debaten y exigen una democratización de los medios de comunicación y un ejercicio pleno de la libertad de expresión señalaron que si los grandes medios televisivos de comunicación quieren juego limpio y transparencia deberían también exigir la auditoría de todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión, así como la instalación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para que investigue las irregularidades.

“Lo que le sucede a los que están impulsando esta campaña del juego limpio es que los está matando su propia medicina, los mecanismos y procedimientos que ellos critican son los mismos que se utilizaron para repartirse el espectro radioeléctrico desde que se creó la Ley de Telecomunicaciones”, aseguró Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

Según Herrera “acciones como trasladar el canal 37 al canal 11 se han hecho siempre, sin que nadie protestara antes, ni hubo críticas por ello ya que no afectaba los intereses de los grandes medios”.

Como ejemplo, señala que “en marzo de 2009, en los últimos días de gobierno del expresidente Saca, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) le otorgó sin subasta, sin procedimiento, ni nada, por 250 mil dólares, siete canales de televisión a un abogado, un prestanombre de un fuerte grupo televisivo y ahí se hizo una operación similar, porque estos canales que son del 39 al 51 estaban en bandas privadas, o sea eran canales restringidos y se hizo un traslado a bandas públicas, para televisión abierta”.

Ese tipo de procedimientos los permite la Ley de Telecomunicaciones y se han hecho siempre, aun y cuando la junta directiva de la SIGET ha estado conformada por miembros del Estado y del sector privado como ANEP, pero nunca antes significaron un peligro o competencia real para los grandes medios, reclama Herrera.

En ese sentido, los representantes de la ReDCo quisieran aprovechar que ya que se está exigiendo transparencia por la asignación de una frecuencia de televisión mal habida “entonces, de este debate, hay que rescatar y solicitar la investigación (auditoría) de cómo se han realizado y entregado todas las concesiones de radio y televisión históricamente en el país, desde que se privatizó ANTEL y no sólo la que otorgó Ástor Escalante”.

“El Fiscal tiene en sus manos una petición que le llevamos en junio (de 2014) de hacer una investigación exhaustiva en la SIGET sobre todas las concesiones y uno de los casos que documentamos es el de los 7 canales que mencioné”, aseguró Herrera.

José Luis Benítez, catedrático de la UCA y directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) refuerza la postura de que “el Fiscal no solo debe investigar esta anomalía, sino otras que pudieron haber existido”.

También recuerdan que en la Asamblea Legislativa hay una moción de crear una comisión legislativa para investigar la asignación de las concesiones como la que ha investigado el caso CEL-ENEL y el caso del expresidente Flores.

“Quienes están planteando lo del juego limpio, si de verdad les interesa la transparencia deberían unir su petición a la solicitud de crear esta comisión en la Asamblea y también pedir que el Fiscal haga la auditoría en la SIGET”, insistió Herrera.

Finalmente las organizaciones civiles señalaron que el reclamo por la concesión del canal 37 en realidad “es el temor a la entrada de un competidor real, un inversionista extranjero muy fuerte que está detrás de la concesión del canal 11 y a quienes los empresarios de televisión local conocen y le temen, (…) la campaña lo que busca es presionar a la SIGET, porque es una campaña contra el gobierno, para revertir la concesión y evitar que entre este competidor. Eso no es transparente, ni ético. No decir que en realidad lo que se busca es no tener competencia y esconderse en un discurso de juego limpio”, aseguraron.

En la práctica, la SIGET actualmente solo tiene competencia en materia de Electricidad por la medida adoptada por la Sala de lo Constitucional de suspender todo movimiento que tuviese que ver con la concesión de frecuencias del espectro electromagnético, pero la medida adoptada hace dos días por la Junta Directiva de la autónoma deja la incógnita para las organizaciones sociales, si dicha acción de la “junta de directores” es ilegal porque violenta una disposición internacional que reserva el Canal 37 para actividades de astronomía y también contraría la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, que prohíbe a la SIGET realizar cualquier trámite sobre concesiones radioeléctricas, mientras resuelve una demanda de inconstitucionalidad contra la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias.

Para Benítez es imperante aprovechar el ambiente positivo de este debate para fortalecer la transparencia como fondo del asunto y buscar las reformas profundas a la actual Ley de Telecomunicaciones o crearse una nueva.

“No se trata de que unos puedan y otros no puedan acceder a las frecuencias, sino que todos puedan pero con reglas claras y respetando los principios de libertad de expresión que establecen las Relatorías de Libertad de Expresión y la UNESCO, así como tomando en cuenta los objetivos de la comunicación: los privados que tienen derecho a obtener ganancias mediante fines comerciales; los públicos con vocación de servicio y tratando de responder a intereses de la ciudadanía por encima de intereses políticos, partidarios y económicos; y en tercer lugar los medios comunitarios que surgen de organizaciones sociales y comunidades, que no tienen fines de lucro, tampoco de pérdida, pero que tienen otros objetivos de comunicación y deben reconocerse en la legislación”.