Campaña denuncia amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos

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El activista Renato Souto, 38 años, es integrante del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) en el Estado de Amazonas y, desde hace años, batalla con la condición de que, para buscar justicia para los derechos fundamentales de los ciudadanos/as, es necesario interponerse al control de quien está en el poder institucional y económico. Él es uno de los representantes de la campaña «Somos Todxs Defensorxs”, que da visibilidad a casos de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil desde el comienzo de este año y pretende reforzar la discusión sobre el tema en todo el país.

La campaña es una realización conjunta de las organizaciones Dhesca Brasil – Plataforma de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Justicia Global – Brasil; Intervozes – Colectivo Brasil de Comunicación Social; y del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), con apoyo del Fondo Brasil de Derechos Humanos y de videos producidos por el colectivo mediactivista Nigeria.

En el video de campaña, disponible en internet, Souto cuenta que, de 62 municipios del Amazonas, estado ubicado en la región Norte de Brasil, el MNDH ya recibió denuncias de explotación sexual y pedofilia en 52 de ellos. En todos los casos, relata, hay involucramiento del gestor municipal, concejales, comerciantes, diputados, representantes del Poder Judicial, policías y, hasta inclusive, de consejeros tutelares, los que tienen el papel de portavoces de las comunidades para asegurar los derechos de niños y adolescentes ante órganos y entidades.

«Cuando nosotros denunciamos a uno de esos gestores, inmediatamente somos violentados, amenazados de muerte”, afirma el activista, en declaración para la campaña. Según él, la primera amenaza que sufrió fue en 2012. «Recibí una corona de flores con un mensaje: que si yo no salía de esos casos, la próxima corona iba a ir para mi cajón de muertos. Fue el 27 de agosto de 2012”, dice él, que nació en Brasilia y vive en el Amazonas desde 2007.

«En la segunda amenaza, él ya me puso al número de la patente del automóvil que yo usaba, el camino que recorría, me pidió que no me alejara de mi novia (porque le podría ocurrir algo). Él sabia quien era mi novia, sus hijos, por donde yo pasaba y todo lo demás”, relata. «Después, en las otras amenazas, fue todo o nada. Si yo no cuidaba de mi protección personal, no era el Poder Judicial del Amazonas el que iba a determinar mi protección. No es la policía del Amazonas que me va a proteger. Entonces, en realidad, nuestra cabeza es ‘el premio’”, destaca Renato.

De acuerdo con el activista, actualmente, una red de engaño y explotación sexual infantil que tiene lugar en la región está sustentada con dineros públicos, extendiéndose por las ciudades de Manaus, Parintins, Barreirinha, Autazes, Barcelos y São Gabriel da Cachoeira, involucrando a agentes públicos y autoridades de otras localidades. «Es un trabajo muy difícil, muy arduo, pero no desistimos, porque como acostumbro decir, en la mano de esos poderes está la sangre de esos niños/as que fueron violentados/as. Y en las manos de los derechos humanos están las lágrimas y la esperanza de esos niños”, concluye el defensor.

Acciones de la campaña

Además de la declaración de Renato Souto, otros dos defensores figuran en otros dos videos de la campaña: Claudia Favaro, defensora del derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada, que integra la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa (Ancop); y Marinalva Santana, defensora de la equidad de derechos para todos y todas independiente de la identidad de género o de la orientación sexual. En total, van a ser producidos nueve videos con el testimonio de mujeres y hombres que actúan en la defensa de los derechos humanos en el país. El objetivo es que el material circule por instituciones sociales, de enseñanza, por las redes sociales de internet y otros espacios de discusión.

En entrevista con Adital, Melisanda Trentin, miembro de la coordinadora colegiada de Justicia Global, explica que el objetivo es pautar a la sociedad brasilera sobre el tema de protección a los defensores y defensoras. «Vivimos en Brasil un contexto de muchas violaciones a los defensores y defensoras. Es preciso hacer públicas esas luchas, porque la sociedad todavía no tiene una visión de quiénes son esas personas y del trabajo que hacen”, afirma.

Con la difusión de las declaraciones, la expectativa es influenciar las políticas públicas de protección a los defensores/as de derechos humanos. «Entendemos que el Estado tiene la obligación de proteger a esas personas. El retiro de ellas de su territorio de actuación acarrea la desmovilización de las luchas”, enfatiza Melisanda.

Además de la difusión de los casos, la campaña va a participar en la Audiencia Pública, también en este mes de septiembre, con Ideli Salvatti, ministra de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil, para discutir rumbos para el sector. La campaña fue iniciada a comienzos de 2014 y no tiene plazo de finalización.

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