Bitácora memoriosa: ¿Ley o trampa?

Jose Ignacio Lopez Vigil

Como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana ha sido recibida con alborozo, cautela o crítica cerrada, según quién se exprese sobre ella.  Me queda claro que los más críticos son los que antes de leerla ya sabían lo que iban a decir, pero me preocupa que esas críticas sean tan sesgadas, que por una parte distorsionan la verdad sobre el proceso que se siguió para poder contar con la ley, y por otra la interpretan a partir de suposiciones de lo que supuestamente se esconde detrás del texto: la intención del gobierno de Correa de controlar a los medios en su favor.

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Por ejemplo se dice que el proyecto de ley que se aprobó es un proyecto gestado por el oficialismo, pero yo recuerdo que durante años las organizaciones de la sociedad civil llevaron adelante un proceso de consulta para elaborar una propuesta. Eso no se menciona. ¿Se ningunea el esfuerzo de concertación de la sociedad civil o realmente el proyecto que se aprobó es un proyecto gestado en el oficialismo?

Sobre este tema sostuve hace poco un diálogo con José Ignacio López Vigil que ha participado, junto a otros especialistas y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño de la propuesta de ley que, con modificaciones, fue aprobada por la asamblea ecuatoriana.  El diálogo completo se publicó en el número 128 de la revista Nueva Crónica. Para quienes no tienen acceso a la revista, comparto el texto a través de este blog.

José Ignacio López Vigil: La verdad es que desde hace más de 20 años, cuando el levantamiento indígena de los años 90, varias organizaciones sociales y campesinas pelean por tener radios comunitarias. En el 95, varias redes de comunicación, entre ellas CIESPAL, trabajaron para incluir en la Ley Reformatoria el concepto de “medios comunitarios”. No fue posible. Las autoridades de entonces tergiversaron todo, hicieron una extraña equivalencia entre “comunitario” y “comunista”, permitieron “radios comunales” pero con prohibición publicitaria, limitación de potencia y las pusieron bajo el estatuto de seguridad nacional. Seguimos luchando y en el 2002 se logró cambiar algo. Pero hubo que esperar a la Constitución del 2008 para incluir al sector comunitario a la par que el público y el privado. Esto no fue por orientación del gobierno, sino por el trabajo largo y militante de muchas redes y organizaciones populares. La Ley que se ha aprobado ahora no ha sido gestada por el gobierno. Muchos de sus artículos provienen de este esfuerzo de la sociedad civil. Destaco entre los mejores la reserva del 34% de las frecuencias de radio y de TV para el sector comunitario, lo que hace unos años hubiera parecido un sueño.

AGD: Los comentarios de instituciones y personas independientes, que son los que más me interesan por ser los más serios y responsables, sugieren que algunos aspectos de la propuesta de la sociedad civil fueron sacrificados.

JILV: El mayor vacío de esta Ley se refiere a las nuevas tecnologías, al internet, a la telefonía que no ha sido incluido y lo han descoyuntado para una “ley de telecomunicaciones”. Por más que peleamos, no logramos que se entendiera la convergencia digital, que hoy día no se pueden separar contenidos de soportes. Otro aspecto donde perdimos fue en la composición gubernamental y no ciudadana del Consejo de Regulación de la Comunicación.

 

AGD: La Ley se aprobó sin que el congreso debatiera todos los artículos, ¿cómo sucedió?

ILV: La Ley lleva más de cuatro años de gestación. En la anterior Asamblea se discutió en dos debates el proyecto de Ley. Pero después cambió la Asamblea (ahora tiene mayoría absoluta Alianza País). Y cambió también en varios artículos el proyecto de Ley. Esos nuevos artículos (algunos bien sensibles, como la composición del Consejo de Regulación y la introducción de una Superintendencia de Comunicaciones) no se debatieron en la Asamblea. Se aprobaron en un par de horas levantando manos de asambleístas.

AGD: El tema de la censura previa suele ser el caballito de batalla de quienes defienden a los grandes medios y atribuyen al Estado intenciones maquiavélicas. A mi entender la libertad de expresión estará mejor cuidada, porque ya no dependerá del arbitrio y del humor de personeros del gobierno, sino que tendrá que ejercerse responsablemente de acuerdo al texto de la Ley. Toda vez que la Ley fija parámetros claros, no debería existir autocensura pero si autorregulación responsable. ¿Hay algún resquicio en esta Ley que permita que el gobierno ejerza la censura previa? ¿Hay riesgos de que el ejecutivo pueda sancionar al margen de los canales judiciales que establecen las leyes?

JILV: Si el texto de la Ley se cumpliera, no habría riesgos de censura previa. El problema es que quienes quedan encargados de hacerla cumplir no tienen suficiente independencia, están nombrados por el Ejecutivo o son cargos de su confianza. Algunos artículos medio ambiguos permitirían, sí, discrecionalidad. Ahora bien, la tremenda campaña presentando la Ley como una “mordaza”, sin duda, llevará a algunos periodistas a actitudes de autocensura. La Ley no incluye sanciones penales, sino administrativas.

AGD:  Quienes se oponen a la ley y en general a cualquier mecanismo que regule el funcionamiento de los medios de información consideran que el establecimiento de normas deontológicas es un dispositivo de censura, pero no tienen la honestidad de reconocer que esas normas existen en todos los países que cuentan con leyes de servicios de comunicación, por ejemplo en Europa y en América del Norte.

JILV: Las normas deontológicas que se enumeran en el artículo 10 de la Ley son correctas, bien orientadas, casi diría elementales para el buen ejercicio periodístico. Personalmente, no veo ningún problema en ellas.

AGD: Me ha sorprendido también en las críticas que se hacen a la Ley, la oposición a la promoción de producción y contenidos nacionales. Me recuerda el debate sobre la excepción cultural que libró Francia contra Estados Unidos, que pretendía que la cultura sea un bien comercial como los jabones o los automóviles. Francia y otros países europeos defendieron la diversidad cultural y la necesidad de proteger la producción de bienes culturales nacionales. Lo que algunos aplaudieron en la posición europea, ahora critican a la Ley ecuatoriana que establece tiempos mínimos para la difusión de producción nacional.

JILV: La Ley establece un 60% de producción nacional en los canales de TV. Un 10% de producción independiente. Un 50% de música nacional. Todas estas cuotas son estupendas normas para fomentar la identidad nacional, para salir de la programación gringa enajenada en que nos movemos. Creo que estas cuotas son de las mejores cosas que incluye la Ley y los artistas, en general, están contentos con ellas.

AGD: Quizás los aspectos más importantes una vez que la Ley ha sido aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Nacional son dos que tienen que ver por una parte con la conformación de un ente especializado y descentralizado encargado de tomar las decisiones y con la elaboración de disposiciones concretas que lleven a la práctica los lineamientos legales. ¿Existe el riesgo de que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación sea copado por el Estado?

JILV: El Consejo está conformado por cinco miembros. El primero y que lo preside es nombrado por el Ejecutivo. Después está un representante de los Gobiernos locales, otro del Consejo de Participación ciudadana, otro de los Consejos de Igualdad y un miembro de la Defensoría del Pueblo. En sí misma, esta conformación no sería rechazable. Pero, en la práctica, el Ejecutivo controla la mayoría de esos cinco puestos. Ese es el riesgo, sí.

GD: La pregunta que se impone es si Ecuador está mejor ahora con Ley que antes sin Ley. A pesar de sus lagunas la Ley, establece límites a los monopolios mediáticos, favorece a los medios públicos y comunitarios  de una manera equilibrada y justa, y protege la cultura nacional frente a la invasión de productos enlatados de pésima calidad.  Ojalá la televisión comercial, que es una basura como en la mayoría de los países de la región, mejore en los próximos años.

JILV: La Ley que acaba de ser derogada con la nueva venía de los tiempos de la dictadura de Rodríguez Lara, luego maquillada en el 95. Era una Ley discriminatoria, mediocre, obsoleta. Claro que Ecuador necesitaba una Ley de Comunicación y está mejor con esta Ley que con la anterior, o sin ninguna. La limitación de los monopolios (sólo se puede tener una concesión para FM, una para AM y una para TV) es digna del mejor aplauso. Igualmente, la distribución tripartita del espectro entre el sector público, el privado y el comunitario. Creo que hemos dado un gran paso de avance. Pero hay lagunas, hay artículos que deben ser mejorados. Y sobre todo,  la ciudadanía, gestora en buena parte de esta Ley, debe estar vigilante para que los funcionarios públicos la apliquen con transparencia y honestidad. Ese es el desafío para esta nueva etapa.

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