“En El Salvador las normas jurídicas no regulan a la comunicación como un derecho humano”

Publicado por Comunicándonos el 12 Ago, 2014 en Noticias, Slider | Comentar

La Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación presentó en el 152° Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  sus denuncias sobre los aspectos que debilitan el derecho humano a la comunicación en El Salvador

Jessica Guzmán

“En El Salvador, el derecho humano a la comunicación se enfrenta a un marco jurídico insuficiente y que va en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta hoy día en muchos países. La causa fundamental de este letargo es el secuestro de la palabra, el sonido y la imagen que ha prevalecido inalterablemente a lo largo de la historia nacional y que ha permitido que pequeños grupos con un gran poder político, económico y militar hasta épocas muy recientes, exploten comercialmente todos o la mayoría de los medios y recursos que hacen posible la comunicación social. Uno de estos recursos es el espectro radioeléctrico que por la administración y asignación que se ha hecho de este bien, pareciera que es propiedad casi exclusiva de este pequeño grupo de empresarios, que han conformado varios oligopolios mediáticos comerciales”.

Así inició la ponencia que desarrolló la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación en la audiencia, en el 152° Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en el D.F., México, el 12 de agosto de 2014.

El tema de la junta fue el Derecho Humano a la Comunicación, desarrollado por Juan Carlos Sánchez y Oscar Pérez, quienes expusieron con precisión los detalles sobre la Concentración de los medios de comunicación; la abrumadora presencia del sector comercial; la imposibilidad real para que la población acceda al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, la limitada o nula pluralidad de las voces que se expresan en los medios de comunicación, los contenidos poco estimulantes de valores y de la cultura de paz y la lamentable pasividad de una sociedad poco exigente con un modelo de medios de comunicación democráticos.

Propuestas

En primer lugar plantearon una reforma constitucional que permita una protección plena e integral del derecho humano a la comunicación, lo que debería incluir un expreso reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios y públicos, así como el compromiso estatal de velar por su desarrollo y consolidación para garantizar una pluralidad mediática.

También recomiendan reformas estructurales a la actual Ley de Telecomunicaciones. “En el plano legislativo, se debe iniciar una amplia y participativa discusión para elaborar y aprobar un conjunto de profundas reformas a la actual Ley de Telecomunicaciones, especialmente en lo referente a la exclusividad de las empresas comerciales en la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, los tiempos de duración y requisitos para la concesión de las mismas, estableciendo mecanismos diferenciados para las radios comerciales y las comunitarias”.

Proponen a que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), no sólo asuma un rol técnico operativo, sino de autoridad rectora de la radiodifusión nacional, desde un enfoque democrático, inclusivo y abierto a la participación ciudadana. Esto último supone también revisar y reformar la Ley de creación de la SIGET, expusieron.

Además iniciar la discusión social, política y jurídica para la creación de políticas públicas y un marco jurídico que regule la transición de la tecnología análoga a la digital en la radiodifusión. Este debate y marco jurídico deberá asegurar que la era digital sea una oportunidad para democratizar las comunicaciones y superar la concentración mediática comercial prevaleciente en El Salvador.

Desarrollar marcos regulatorios, especialmente en el ámbito legislativo, que establezca restricciones efectivas contra prácticas monopólicas u oligopólicas comerciales en los medios de comunicación.

También instaron a agilizar la discusión legislativa orientada a aprobar y poner en vigencia la Ley de Radiodifusión Comunitaria y la Ley de Medios Públicos. Ambos proyectos de ley, en agenda de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Órgano Legislativo.

Una de las propuestas novedosas es  normar, por la vía legal y reglamentaria, los criterios, mecanismos, requisitos y demás procedimientos para la asignación equitativa de la pauta publicitaria del Estado, de tal manera que se asegure que tanto medios comerciales y comunitarios tengan un acceso equitativo a estos recursos. La asignación de la pauta publicitaria estatal también debe buscar fortalecer la pluralidad mediática en el país. Además de una contraloría estatal para la aplicación de leyes especiales y la regulación de contenidos para el fortalecimiento democrático.

Desarrollo

Las audiencias seguirán los días 13 y 14 de agosto, en el horario de la mañana, en el Palacio de Minería de Ciudad de México. De acuerdo al Artículo 16 de su Reglamento, la Comisión convocó audiencias por iniciativa propia sobre la situación general de los derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Además de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, que además representa a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC, Subregión Centroamérica); la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos); VOCES Diario digital; están la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH-ARCOIRIS TRANS); La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto; la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local; Campaña 28 de Septiembre; Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Red DH Migrantes y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).