Un avance en el derecho a la comunicación

Florencia-Saintout

La plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) rompe finalmente con las imposiciones monopólicas que piensan a los públicos como un recurso a explotar. Es el reconocimiento a una ley que la democracia argentina le debía a su pueblo en estos últimos 30 años.

Durante cuatro años, Clarín puso al sistema democrático en crisis. Nos obligó a vivir en un país donde la sanción por amplias mayorías de una ley constitucional podía ser desoída por algunos. Durante cuatro años, Clarín jugó con el sistema democrático en defensa de sus intereses y exclamó que estaba ajeno de las decisiones de las mayorías, que podía funcionar por fuera de ese orden. Fueron los artículos clave para desmontar el control monopólico de la palabra los que no podían ser aplicados.El Grupo Clarín no se preocupa por la constitucionalidad y el funcionamiento de las instituciones (aunque se rasgue las vestiduras y declame permanentemente por la afectación que el gobierno haría sobre las mismas). Clarín comenzó a construir su imperio negociando en la oscuridad con la dictadura, cuando la Constitución Nacional no estaba en vigencia. En los ’80 aprovechó la fragilidad de una democracia en construcción para afianzar las bases asentadas previamente, mientras que durante los ’90 también negoció los destinos del sistema comunicacional arreglando un marco regulatorio a su medida. Hoy, tenemos que celebrar la plena vigencia de la LSCA, que no remplaza a la «ley de la dictadura», sino a una ley sancionada durante la dictadura pero que se sostuvo durante todos estos años de democracia e incluso se empeoró para garantizarles a los grandes conglomerados mediáticos la satisfacción de sus intereses espurios.Esos marcos regulatorios, consecuentemente, se forjaron dejando al pueblo fuera del debate público. Por el contrario, la LSCA abrió la discusión sobre los medios en nuestro país y logró hacer pública la ilegalidad de Clarín, y denunciar la mentira de esos que habían construido, legitimado y naturalizado su posición como trasmisores de una verdad externa y preexistente. Clarín es una mafia que no se reconoce dentro de los marcos institucionales. Es la expresión de la prepotencia de un poder mediático, económico y político que se supone más allá de las voluntades populares. Las mafias coaccionan, extorsionan, amenazan e intentan atemorizar (en muchos casos lo logran), sintiéndose por encima de las voluntades populares.Por eso, el «¿Qué te pasa Clarín?» de Néstor Kirchner no fue sólo eso: una pregunta. Hoy, es la constatación de una nueva relación entre el Estado y la corporación mediática. Un Estado que, por primera vez en 30 años, asumió la responsabilidad de retomar las proclamas de amplios sectores que luchaban por órdenes comunicacionales y sociales más justos. La pregunta es la expresión de una nueva relación que se establece entre los poderes democráticos y los poderes económicos. Durante los cuatro años de maniobras por parte del Grupo con el fin de dilatar la plena aplicación de la ley, se manifestó la certeza de impunidad con la que despliega su poder.El fallo debió ser antes, este no fue un tiempo sin costos, y los costos los pagó el pueblo, que puede y debe exigir un resarcimiento por el daño ocasionado por las maniobras de esta corporación. Su prepotencia puso en cuestión el sistema democrático y logró alianzas con el Poder Judicial, que permitió una especulación desestabilizadora durante cuatro años.La ratificación de la constitucionalidad de la ley es un logro del pueblo, un avance en la conquista, el reconocimiento y la actualización de derechos: el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación.

La plena vigencia de la LSCA no se la debemos al Poder Judicial, sino a la convicción política de Néstor y Cristina. Y a la militancia de un pueblo movilizado que, sin dudas, asumirá los desafíos que vienen para profundizar los procesos de democratización que tenemos por delante.

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