Iniciativa Ciudadana para Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión

propuesta de ley

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), conjuntamente con varias organizaciones y personalidades destacadas en el ámbito académico, intelectual, social entre otros, se encuentra elaborando una Iniciativa Ciudadana para una Ley Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta iniciativa recoge las propuestas que durante décadas han demandado para que se conviertan en realidad una vez que ya se ha aprobado la reforma constitucional en la materia.

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La propuesta apunta a la aprobación de una ley convergente de las telecomunicaciones, la radiodifusión, el audiovisual y el derecho a la información, que garantice el derecho a la información, la libertad de expresión, el pluralismo, la calidad y la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre el derecho a la información, la propuesta destaca los derechos de las audiencias: bajo el principio del respeto a los derechos humanos en lo general y de sectores en específicos tales como la niñez, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, y en general el fortalecimiento de contenidos inclusivos para la población.

Así también promueve los derechos de los usuarios de telecomunicaciones: para contar con servicios de calidad, sin discriminación alguna y del mayor acceso a las redes; y, la neutralidad de la Red: a fin de que ningún prestador de servicios interfiera de manera arbitraria en el acceso y aplicaciones de la red, se privilegie la más alta libertad de información y se protejan los datos personales.

La propuesta que se elabora destaca también la necesidad de establecer un procedimiento administrativo transparente y expedito para las concesiones de uso social y comunitario. Estas tendrán una duración de 15 años.
De igual manera se plantea la exigencia de mínimos requisitos técnicos y financieros. El IFETEL hará acuerdos con instituciones y organismos que apoyen a los grupos ciudadanos a elaborar los estudios técnicos correspondientes. Es decir, a través de un régimen simplificado y con menos requisitos para los medios de uso social para pueblos, comunidades indígenas o equiparables, y que la respuesta a las peticiones de estaciones de uso social no demore más de 90 días hábiles. De otra manera se aplicará la afirmativa ficta.

Sobre los mecanismos diversos de financiamiento para medios de uso social, se propone la comercialización de minutos de programación por hora (12 minutos en radio y 6 minutos en televisión), donaciones o patrocinios. Todos los recursos derivados de estas actividades deberán ser reinvertidos en el proyecto social del medio.
Acceso a todos los contenidos de los medios de uso público. Reserva de espectro de al menos un 30% para este tipo de concesiones. Duración de 15 años para las concesiones.

Para garantizar la pluralidad de contenidos y la participación de distintos sectores de la sociedad en sus políticas de programación se incluye la conformación de consejos ciudadanos, así como para garantizar su independencia editorial serán organismos descentralizados, con diversos mecanismos de financiamiento tales como minutos en comercialización en tiempo aire, donaciones, patrocinios e incentivos fiscales.
Como mecanismo para evitar injerencias de los poderes gubernamentales en los estados se propone considerar direcciones elegidas mediante convocatoria pública.

Otro aspecto de la propuesta gira en torno al compromiso de incluir y contratar producción independiente local, regional y nacional en por lo menos un 30% de su programación.

Además se plantea la necesidad de definir códigos de ética y mediadores de la audiencia a fin de establecer políticas que respondan a los derechos de las audiencias obligatoriamente, así como la exigencia de la rendición de informes anuales y transparencia de recursos en todos los niveles:
local, regional o nacional.
Las concesiones de uso público de instituciones de educación superior mantendrán su autonomía, pero están obligadas a cumplir con las características de contenidos, rendición de cuentas y participación ciudadana como el resto de los medios públicos.

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