Derecho a la comunicación: la encrucijada del próximo quinquenio

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El derecho a la comunicación ha sido definido como la integración de varios derechos humanos – algunos ya reconocidos en los ordenamientos jurídicos y otros en proceso de reconocimiento – que  permite a toda persona producir, acceder, expresar y difundir por todos los medios que le sea posible, ideas, pensamientos, conocimientos y opiniones que le son propias o las que adopta en su interacción social (Juan Carlos Sánchez, 2013).

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Editorial

Los próximos cinco años serán cruciales para el goce del derecho a la comunicación en El Salvador. En efecto, en este período se producirán al menos dos hechos que pueden impulsar o, por el contrario, obstaculizar las posibilidades de que las y los salvadoreños podamos construir más democracia a partir del debate y la difusión de las ideas. Por una parte, se tiene previsto dar el salto hacia la digitalización de la televisión hacia el 2018 y, por otra, en 2017 se podría producir la renovación automática de las actuales concesiones de las frecuencias radioeléctricas por veinte años más.

¿Por qué son trascendentales estos dos hechos? La digitalización de las señales televisivas –y algunos años después de las señales de radio— abre la posibilidad de que más personas, empresas y organizaciones puedan utilizar los nuevos espacios –el llamado dividendo digital— para establecer nuevos medios de comunicación, con lo cual se combatiría la actual situación oligopólica de los medios de comunicación. En otras palabras, ya no serían las mismas 5 grandes empresas quienes sean dueñas de la mayoría de las frecuencias radiales y televisivas. Por el contrario, si con la digitalización se mantienen las actuales concesiones y los mismos criterios para su asignación –la subasta con sentido exclusivamente económico—el dividendo digital beneficiará a los mismos de siempre

En cuanto a la renovación automática, si en 2017 se pudiese abrir todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión a concursos públicos, con sentido social y de servicio público, antes que mantener los actuales concesionarios, se podría lograr un sistema de medios de comunicación más plurales y diversos, con más puntos de vista y con mayores posibilidades de democratizar las comunicaciones. De otra manera, la renovación automática mantendrá el actual estado de concentración de los medios de comunicación por veinte años más.

No es poca cosa lo que está en juego.

Si avanzamos o retrocedemos dependerá, en buena medida, de quién esté al frente del Órgano Ejecutivo en el próximo lustro. Y las promesas de campaña nos dan muchas luces de lo que podemos esperar de cada uno de los partidos que tienen más posibilidades de llegar a Casa Presidencial.

ARENA ha prometido crear la infraestructura institucional y técnica para facilitar a la población salvadoreña su inserción en la sociedad de la información y el conocimiento y abrir espacios de diálogo y entendimiento entre el gobierno, el sector de telecomunicaciones y los usuarios en general, que propicien la competitividad en los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC). La propuesta 156 de este partido político contiene una visión empresarial y de negocios del uso de las TIC y no una comprensión de la comunicación como un derecho humano de toda la población.

Por su parte UNIDAD, de manera muy escueta, sostiene que asegurará la libertad de creación y expresión y propiciará la participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo cultural. En su plan no hay mayor desarrollo sobre el derecho a la comunicación de las y los salvadoreños, lo cual no es de extrañar, por cuanto su máximo líder ya ha dicho que “en materia de libertad de expresión, la mejor ley es la que no existe”.

El único partido que ha ofrecido trabajar por la democratización de las comunicaciones es el FMLN. En su oferta electoral, expresa y claramente ha dicho que promoverá la conversión del espectro radioeléctrico de análogo a digital, con el propósito de ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, mejorar su mecanismo de concesión y estimular la creación de nuevos medios. Asimismo, sostiene que favorecerá el desarrollo de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y hará transparente la asignación publicitaria gubernamental como un servicio de información a la ciudadanía y distribuirla equitativamente en los distintos medios de comunicación.

Sobre la base de las ideas contenidas en los planes de gobierno, es evidente con cuál partido podemos tener mejores espacios de interlocución las personas y organizaciones que luchamos por el derecho a la comunicación y la democratización de las comunicaciones. Sin embargo, dada la alta concentración de los medios de comunicación y de los pocos espacios de acceso al espectro radioeléctrico, lo cierto es que la exigencia ciudadana y la lucha social todavía es necesaria para cambiar un estado de cosas donde pequeños grupos de gran poder han moldeado un pensamiento acorde a sus intereses en los cerebros y corazones de la gran mayoría de salvadoreños y salvadoreñas.

No podemos darnos el lujo de desperdiciar los próximos cinco años.

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